Estatutos Generales – Art. 39 – Art. 64

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Artículo 39. Propuesta de resolución.

Concluida, en su caso, la práctica de pruebas, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, expresando los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica; se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y, la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Artículo 40. Notificación.

1. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.

2. La propuesta de resolución se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos alegaciones e informaciones que obren en el mismo.

Artículo 41. Resolución.

1. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.

El acuerdo de resolución de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes.
2. El órgano competente dictará resolución, que será motivada, y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

La resolución se adoptará en el plazo de diez días desde la recepción de la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informes, salvo que se hayan realizado las actuaciones complementarias previstas en el párrafo 1 del presente artículo.

En el supuesto de que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, se tramitará el procedimiento simplificado, que se regula en el artículo siguiente.

Artículo 42. Procedimiento simplificado.

1. La iniciación se producirá por acuerdo del órgano competente, en el que se especificará el carácter simplificado del procedimiento, y que se comunicará al órgano instructor del procedimiento y, simultáneamente, será notificado a los interesados.

2. En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de pruebas.

3. Transcurrido dicho plazo, el órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución o, si se aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, acordará que continúe tramitándose el procedimiento general, notificándolo a los interesados para que en el plazo de cinco días propongan prueba si lo estiman conveniente.

4. El procedimiento se remitirá al órgano competente para resolver, quien en plazo de tres días dictará la correspondiente resolución. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de tres meses desde que se inició.

Artículo 43. Resolución definitiva.

Para la imposición de sanciones será preciso el voto favorable de dos tercios de los miembros asistentes a la reunión de la Junta de Gobierno que conozca el caso. El voto será secreto y la asistencia obligatoria, salvo causa de fuerza mayor debidamente probada.

La resolución definitiva se notificará al inculpado, expresando los recursos que procedan contra la misma, órgano ante el que han de presentarse, y plazos para su interposición.

Artículo 44. Recursos.

1. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento disciplinario o a su no incoación, podrán ser recurridas en alzada ante el Consejo Autonómico, o en ausencia de éste, ante el Consejo General en el plazo máximo de un mes. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución que se impugna, o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó la resolución, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente del procedimiento disciplinario.

2. La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo previsto por la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Artículo 45. Anotación en expediente.

Las sanciones disciplinarias que se impongan serán anotadas en el expediente personal de los colegiados afectados.

La ejecución de las sanciones se llevará a cabo según los términos de la resolución que las impongan.

Aquéllas que supongan la imposición de sanciones económicas, podrán reclamarse, en caso de impago, por la vía judicial, devengando el interés legal a partir de la fecha en que terminase el plazo de pago voluntario.

Artículo 46. Cancelación.

Los sancionados podrán solicitar la cancelación de la nota puesta en su expediente y, en su caso, la rehabilitación, en los plazos siguientes, contados a partir de la fecha inicio de cumplimiento de la sanción impuesta:

– Si fuere falta leve, a los seis meses.
– Si fuere falta grave, a los dos años.
– Si fuere falta muy grave, a los tres años.
– Si hubiere consistido en inhabilitación permanente, a los cinco años.

Artículo 47. Rehabilitación.

La rehabilitación será solicitada a la Junta de Gobierno que, a la vista de los informes y conducta del solicitante, con las comprobaciones que considere oportunas, resolverá por mayoría simple y en votación secreta, siendo impugnable su acuerdo mediante los recursos corporativos.

La rehabilitación llevará consigo la cancelación de la nota puesta en su expediente personal.

CAPITULO IV

Régimen Jurídico de los actos y su impugnación

Artículo 48. Acuerdos.

Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Autonómico, o, en ausencia de éste, ante el Consejo General.

El recurso se podrá presentar ante el órgano que dictó el acuerdo que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo.

Artículo 49. Recursos.

Los acuerdos de la Asamblea General de colegiados podrán ser recurridos por la Junta de Gobierno o por cualquier colegiado mediante recurso de alzada ante el Consejo Autonómico, o, en ausencia de éste, ante el Consejo General.

Artículo 50. Actos nulos y anulables.

1. Los actos emanados de los órganos de gobierno de los Colegios Territoriales en cuanto estén sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en los que se den algunos de los siguientes supuestos: los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados careciendo de la competencia estatutariamente necesaria para dictarlos; aquéllos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

3. La Junta de Gobierno deberá suspender la ejecución de los actos nulos de pleno derecho y formular recurso contra los mismos.

4. Los actos anulables son todos aquellos actos o acuerdos de los órganos de gobierno de los Colegios que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

5. La Junta de Gobierno podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, y producirá efectos desde esa fecha, salvo que se exprese su retroactividad y sea admitida por los interesados.

 

TÍTULO V

Ventanilla única y servicio de atención a colegiados y a consumidores o usuarios

 

Artículo 51. Ventanilla única.

1. Los Colegios de Administradores de Fincas dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y ejercicio, se puedan llevar a cabo los trámites que sean precisos para la colegiación, ejercicio profesional y baja en el Colegio por vía electrónica y a distancia.

2. A través de la referida ventanilla única, que contará con las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad entre sistemas, se ofrecerá todo tipo de información para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de los Colegios Profesionales.

Los Colegios de Administradores de Fincas de distinto ámbito territorial cooperarán para garantizar el correcto funcionamiento de la ventanilla única y la operatividad de la misma.

3. La referida información que de forma gratuita se reciba a través de la referida ventanilla única, será la contenida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
Artículo 52. Servicio de atención a colegiados y a consumidores o usuarios.

Los Colegios de Administradores de Fincas atenderán quejas o reclamaciones que presenten sus colegiados, que podrán efectuarse por vía electrónica y a distancia.

Igualmente, dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios que contraten los servicios profesionales de sus colegiados, todo ello de conformidad con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

 

TÍTULO VI

Del Consejo General de Colegios

CAPÍTULO I

Naturaleza, fines, funciones y composición del Consejo General

Artículo 53. Naturaleza jurídica.

El Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas, como órgano representativo, coordinador y ejecutivo de ámbito estatal de los Colegios Territoriales de los mismos, es una corporación de derecho público, amparado por la ley y reconocido por el Estado, que posee personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus facultades.

Artículo 54. Normativa de aplicación.

El Consejo General se rige por los presentes estatutos, el Reglamento de Régimen Interior y los acuerdos de sus órganos de gobierno, en sus respectivas competencias.

En lo no previsto, serán aplicables las normas contenidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y demás disposiciones legales de aplicación.

Artículo 55. Ámbito territorial y domicilio.

1. Los fines y atribuciones del Consejo General contenidos en estos estatutos se entenderán referidos al ámbito estatal y, en su caso, internacional.

2. El Consejo General tendrá su domicilio social en Madrid.

Artículo 56. Fines.

Son fines esenciales del Consejo General la ordenación del ejercicio profesional de Administradores de Fincas en el ámbito de su competencia, y con arreglo a lo previsto en la Ley, la representación y defensa de los intereses profesionales en los ámbitos estatal e internacional, la representación y coordinación de la organización colegial y, en general, la promoción y prestigio a todos los niveles de los Administradores de Fincas, estableciendo acuerdos o convenios con Universidades y Escuelas Universitarias, así como intercambios, acuerdos o cualquier clase de relaciones con otras organizaciones similares o afines españolas o extranjeras, tanto de ámbito nacional como supranacional.

Artículo 57. Funciones.

Corresponden al Consejo General de Colegios las siguientes funciones:

a) Informar preceptivamente de los proyectos de ley o de disposiciones de cualquier rango emanados del Estado que se refieran a las condiciones generales de las funciones profesionales, y, en general, de los proyectos de modificación de la legislación estatal sobre Colegios Profesionales.
b) Evacuar las consultas que le someta la Administración General del Estado, y prestar a ésta la colaboración necesaria, así como proporcionarla informes y hacerle las peticiones que se estimen convenientes en materia de su competencia o que se relacionen con el sector inmobiliario.
c) Elaborar el Estatuto General de los Colegios de Administradores de Fincas y el suyo propio, así como elaborar y aprobar su reglamento de régimen interno y de recompensas y honores así como sus modificaciones.
d) Conocer los estatutos particulares de los Colegios Territoriales y sus reglamentos de régimen interior, sin perjuicio del régimen de aprobación de los mismos conforme a la normativa y competencias de las Comunidades Autónomas.
e) Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia, y que hayan sido tomadas con carácter vinculante.
f) Ordenar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión, de acuerdo con lo establecido en la ley, e interpretar y aplicar, en su caso, dicha ordenación, velando por su observancia y uniforme ejecución.
g) Elaborar las normas deontologías de carácter estatal, que no podrán contradecir lo establecido en los presentes estatutos.
h) Adoptar las medidas conducentes a evitar la competencia desleal en la profesión de Administradores de Fincas, y comprobar que el acceso a la misma se realiza cumpliendo los requisitos establecidos.

i) Ostentar la representación y defensa de los intereses generales de la profesión de los Administradores de Fincas ante la Administración General del Estado, instituciones, tribunales, en cuanto a litigios que afecten a los mismos o cuando rebasen la competencia del Colegio Territorial respectivo y no exista Consejo Autónomo de Colegios, así como colaborar en esta materia con los Colegios Territoriales y, en su caso, Consejos Autonómicos, cuando éstos lo soliciten, en cuestiones suscitadas en su ámbito territorial.
j) Ostentar la representación de la organización colegial de los Administradores de Fincas en el ámbito estatal e internacional.
k) Dirimir los conflictos que puedan plantearse entre los Colegios Territoriales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.
l) Actuar como órgano consultivo en los conflictos que se planteen entre los Colegios Territoriales y sus respectivos Consejos Autonómicos, en el ámbito de sus competencias, cuando expresamente sea requerido para ello por los mismos.
m) Resolver los recursos contra los acuerdos de los Órganos de Gobierno de los Colegios Territoriales, cuando así estuviera previsto en sus estatutos o en la correspondiente legislación autonómica, o en defecto de constitución del Consejo Autonómico respectivo.
n) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros del Consejo General y de las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales, en el supuesto de que no esté constituido el correspondiente Consejo Autonómico.
ñ) Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales y la cuenta de liquidación de los mismos, así como las aportaciones equitativas económicas de los Colegios y su régimen, que en caso de impago podrán ser reclamadas judicialmente.
o) Recaudar y administrar sus fondos económicos, así como la administración de su patrimonio.
p) Aprobar la concesión de recompensar y honores, cuya materia será regulada en el correspondiente reglamento.
q) Participar y colaborar en la función de formación de los Administradores de Fincas, elaborando, a través de la Escuela de Administradores de Fincas, el plan de estudios formativo de los Administradores de Fincas, y estableciendo acuerdos o convenios con Universidades y Escuelas Universitarias, para la impartición de los mismos.
r) Fomentar y organizar, en su ámbito específico, actividades y servicios comunes que tengan por objeto la promoción cultural, el fomento de la ocupación, el perfeccionamiento técnico y profesional de los Administradores de Fincas. A estos efectos, podrá establecer acuerdos o convenios de colaboración con las Administraciones Públicas, así como con empresas o entidades particulares.

s) Establecer intercambios, acuerdos o cualquier clase de relaciones con otras organizaciones o entidades similares o afines, españolas o extranjeras, tanto de ámbito nacional o supranacional.
t) Todas las demás funciones orientadas a promover o beneficiar los intereses generales de la profesión de Administradores de Fincas, o las que vengan establecidas o reconocidas por la legislación de Colegios Profesionales a los Colegios Territoriales, en cuanto tengan ámbito o repercusión estatal.
u) Elaborar y aprobar su memoria anual y hacerla pública, junto con la información estadística de forma agregada del conjunto de la organización colegial.

Artículo 58. Composición.

1. El Consejo General estará constituido por su Presidente y los Presidentes de los Colegios Territoriales, así como los representantes de cada uno de éstos que correspondan, según la siguiente escala:

GRUPO 1º: Colegios hasta 250 Colegiados 1 representante
GRUPO 2º: Colegios entre 251 y 500 Colegiados 2 representantes
GRUPO 3º: Colegios entre 501 y 2000 Colegiados 3 representantes
GRUPO 4º: Colegios entre 2001 y 5000 Colegiados 4 representantes

Por cada 5.000 Colegiados que excedan de 5.000 Colegiados 1 representante más

El número de representantes correspondientes a cada Colegio Territorial se determinara en función del número de colegiados de su censo electoral anual, cerrado al 31 de diciembre.

2. Los Presidentes de Colegios Territoriales serán representantes natos de sus Colegios respectivos, pero deberán computarse dentro del número de representantes que corresponden a su Colegio.

3. Los representantes de cada Colegio, excluido el Presidente, serán designados por la Junta de Gobierno del mismo o por la Asamblea General de Colegiados, según se establezca en sus estatutos particulares, de entre los miembros de su Junta de Gobierno.

Artículo 59. Representación.

Los Consejos Autonómicos podrán ostentar la representación de sus Colegios integrados ante el Consejo General, bien de modo permanente o para cuestiones concretas, según el alcance del acuerdo que lo autorice.

CAPÍTULO II

Órganos de Gobierno

Artículo 60. Clases.

Son órganos de Gobierno del Consejo General:

a) El Pleno.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Presidente.

SECCIÓN 1ª. DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL

Artículo 61. Composición.

El Pleno del Consejo General, formado por el Presidente del mismo, los Presidentes de los Colegios Territoriales y los representantes previstos en el artículo 58 de los presentes estatutos, es el órgano supremo del Consejo General, y le corresponde la representación y dirección de la corporación con plenitud de facultades.

Artículo 62. Funciones.

Son funciones del Consejo General en Pleno las atribuidas con carácter general al Consejo General en el artículo 57 de los presentes estatutos, y específicamente las siguientes:

a) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten a la formación de los Administradores de Fincas, estableciendo acuerdos o convenios con Universidades y Escuelas Universitarias para impartición de cursos formativos.
b) Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten a la ordenación y ejercicio de la profesión de Administradores de Fincas en todos sus ámbitos, y especialmente en la formación permanente y pleno empleo de los mismos.
c) Crear Comisiones de trabajo y establecer la composición, materias de trabajo y calendario de actuación de las mismas.
d) Elección del Presidente del Consejo General y demás cargos del mismo.
e) Aprobar o desaprobar la gestión de la Junta de Gobierno, dando lugar en su caso a la elección de una nueva Junta de Gobierno.
f) Exigir la responsabilidad de la Junta de Gobierno o de su Presidente, promoviendo, en su caso, moción de censura contra los mismos.

g) Intervenir en la administración del patrimonio del Consejo General, especialmente, en la adquisición, gravamen y enajenación de inmuebles.
h) Fijar las aportaciones de los Colegios Territoriales y, en su caso, de los Consejos Autonómicos al Consejo General, así como la aprobación de derramas extraordinarias y demás ingresos de sus recursos económicos.
i) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 63. Reuniones.

1. Las reuniones del Pleno del Consejo General deberán convocarse por escrito o cualquier medio telemático con, al menos, quince días de antelación, salvo en los casos de urgencia, en que podrá reducirse el plazo a juicio del Presidente.

2. Las reuniones del Pleno pueden ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 64. Convocatoria.

1. El Pleno se reunirá obligatoriamente, con carácter ordinario, una vez al año, dentro del primer semestre, y se podrán incluir en el orden del día cuantos asuntos estime convenientes la Junta de Gobierno y, necesariamente, los puntos relativos a la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, los presupuestos del año corriente y la gestión de la Junta de Gobierno, así como un apartado de ruegos, preguntas y proposiciones.

2. Hasta cinco días antes de la fecha de la reunión, el Presidente podrá adicionar nuevas cuestiones a las inicialmente contenidas en la convocatoria, comunicándolo a los miembros del Pleno. Asimismo, tendrá facultad para alterar el orden de exposición de los puntos a tratar contenidos en la convocatoria.

3. Los componentes del Pleno podrán proponer la inclusión de otras cuestiones en el orden del día, haciendo la petición por escrito, que deberá presentarse con, al menos, ocho días de antelación a la fecha de celebración de la reunión.