Estatutos Generales – Art. 26 – Art. 38

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TITULO IV


DE LOS COLEGIOS TERRITORIALES DE ADMINISTRADORES DE FINCAS


Capítulo I


Normas deontológicas


Artículo 26. Principios generales.

El Administrador de Fincas colegiado, en el ejercicio de su profesión, estará obligado a:

a) Permanecer informado regularmente acerca de las legislaciones y de todas las informaciones o evoluciones esenciales que puedan afectar a los intereses que le han sido confiados.
b) Conocer las condiciones de los mercados sobre los que debe aconsejar a sus clientes.
c) No aceptar ninguna misión que sobrepase su área de experiencia, salvo en lo que se refiere a conseguir, previo acuerdo de su mandante, la participación de un especialista cuyos límites de intervención estarán claramente definidos.
d) Informarse de todos los hechos esenciales relativos a cada una de las propiedades que le hayan sido encomendadas con el fin de cumplir todas sus obligaciones respecto a evitar errores, exageraciones, presentación errónea o disimulo de circunstancias.
e) Permanecer informado y facilitar la formación de sus colaboradores en lo referido a la evolución del mercado inmobiliario sobre los planes locales, regionales y nacionales.
f) Seguir y hacer que sus colaboradores sigan programas de formación profesional permanente y específica, que les permita adaptarse a las evoluciones en materia de legislación y entorno profesional.

Artículo 27. Relación con los clientes.

En el marco de las relaciones con los clientes, el Administrador de Fincas colegiado estará igualmente obligado a:

a) Hacer gala de la conciencia profesional necesaria para el cumplimiento de la misión que le ha sido confiada.
b) Dar muestras de moderación y prudencia, tratando de no poner nunca en peligro la situación de sus clientes, ni la suya propia.

c) Proteger y promover los intereses legítimos de sus mandantes. No obstante, los deberes de asesoramiento y fidelidad absoluta respecto a ellos no exoneran al profesional de tratar equitativamente a todas las partes interesadas, respetando sus derechos.
d) Proteger al consumidor contra el fraude, la presentación errónea o las prácticas incorrectas en el sector inmobiliario, y esforzarse por eliminar dentro de su comunidad toda práctica susceptible de causar perjuicios.
e) Considerarse sujeto, en cualquier circunstancia, respecto a sus clientes y terceros, a una discreción absoluta en lo que se refiere a su cometido, y procurar que sus colaboradores actúen con la misma reserva.

Artículo 28. Relaciones con los restantes Administradores de Fincas.

El Administrador de Fincas colegiado estará también obligado a:

a) Velar por la lealtad de la competencia, con arreglo a lo establecido en la legislación vigente.
b) Velar por que las relaciones con los colegas vayan marcadas siempre por el respeto y la cortesía.
c) No tomar iniciativa a la hora de criticar las prácticas profesionales de un colega.
d) Compartir con sus colegas el fruto de su experiencia adquirida y perfeccionar las cualidades profesionales de sus colaboradores con vistas a su promoción y a una mejora de los servicios prestados.

Artículo 29. Relaciones con el Colegio.

a) Los Administradores de Fincas están obligados a colaborar y prestar ayuda a su Colegio, a cumplir los acuerdos que dicte en materia de su competencia, y a contribuir económicamente a su sostenimiento.
b) Debe constituir un honor aceptar los cargos para los que fuera designado, realizar los cometidos que se le encargaran y tomar parte activa en la vida colegial, asistiendo a los actos organizados y proponiendo las cuestiones que estime conveniente para el interés general.
c) Comunicar a la Junta de Gobierno del Colegio los supuestos de ejercicio irregular o de competencia desleal de que tenga noticia, aportando cuantos datos e información le sean solicitados, y, en general, comunicar cuantas incidencias o anomalías puedan encontrar o tener noticia en el ejercicio de la profesión.
d) Comunicar al Colegio las circunstancias personales que afecten al ejercicio profesional.

Capítulo II


Régimen Disciplinario

Artículo 30. Principios.

  1. El régimen disciplinario de los Administradores de Fincas y de los miembros de sus órganos de gobierno se regirá por lo dispuesto en estos estatutos y por las normas procedimentales que los desarrollen.
  2. El régimen disciplinario establecido en estos estatutos se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden en que los colegiados y los miembros de sus órganos de gobierno hayan podido incurrir.
  3. Sólo tendrán la consideración de faltas disciplinarias las infracciones de los deberes profesionales, colegiales y deontológicos expresamente tipificadas en estos estatutos y demás normas aplicables.
  4. En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción a aplicar, considerándose especialmente los criterios de: existencia de intencionalidad; naturaleza de los perjuicios causados a los clientes, al Colegio, a los demás colegiados y al prestigio de la profesión de Administradores de Fincas; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción y que haya sido declarada por resolución firme, a no ser que la misma implique la apreciación de una infracción de naturaleza de mayor gravedad.

Artículo 31. Las infracciones.

Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves:

1.- Son faltas leves:

a) El retraso injustificado en el cumplimiento de sus deberes profesionales o colegiales.
b) El incumplimiento de las obligaciones respecto a otros colegiados establecidas en el artículo 28, salvo que éstas constituyan una infracción más grave.
c) Rechazar los cometidos que se le encargue por los órganos de gobierno.
d) El incumplimiento reiterado de las instrucciones corporativas de carácter general sobre encuestas, estadísticas, o cualquier otra actitud demostrativa de persistente falta de colaboración colegial.
e) No dar cuenta al Colegio de aquellos cambios que supongan modificación de cualquiera de los datos personales y profesionales que figuren en el expediente.

f) La no devolución del carnet profesional de colegiado, al cesar en su calidad de ejerciente.
g) En general, el incumplimiento por descuido o negligencia excusable de los deberes profesionales o colegiales que no tengan otra calificación disciplinaria más grave.

2. – Son faltas graves:

a) Los actos realizados en el ejercicio de la profesión que constituyan competencia desleal declarada por los tribunales competentes.
b) Los insultos e injurias verbales o escritas hacia los compañeros, tanto en relación con la actividad de carácter colegial como profesional.
c) Los insultos e injurias verbales o escritas hacia los miembros de los órganos de gobierno, así como formular imputaciones injustificadas sobre los mismos.
d) El falseamiento o inexactitud grave de la documentación profesional, y la ocultación o simulación de datos que el Colegio debe conocer para ejercitar sus funciones de ordenación profesional.
e) La incomparecencia ante los órganos colegiales, cuando fuere requerido para ello.
f) El desempeño de los cargos colegiales y de los cometidos que le fueren encomendados con grave negligencia.
g) La cesión del título para el ejercicio.
h) No respetar los derechos de los particulares o entidades contratantes de sus servicios o destinatarios de su ejercicio profesional, o incumplir las obligaciones para con dichos contratantes o destinatarios.
i) El incumplimiento grave de las obligaciones de información establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
j) El incumplimiento grave de las obligaciones previstas en los estatutos, reglamentos y demás disposiciones profesionales, salvo que expresamente tuviera otra calificación disciplinaria distinta.
k) El incumplimiento de las leyes que sean de aplicación por razones profesionales, así como las obligaciones y deberes contenidos en los presentes estatutos o en los de su propio Colegio, especialmente cuando se deriven perjuicios de cualquier clase a clientes o terceros.
l) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves, que tiene lugar por la imposición de tres o más sanciones por faltas leves, en el período de un año.

3.- Son faltas muy graves:

a) La condena por delito doloso, en cualquier grado de participación, en materia profesional, que conlleve la inhabilitación profesional.
b) El ejercicio de la profesión de Administrador de Fincas sin cumplir los requisitos establecidos en los presentes estatutos generales, por pérdida de los mismos por condena o sanción disciplinaria firmes.
c) La omisión grave, por culpa o negligencia inexcusables, de la debida diligencia en el desarrollo de las funciones profesionales.
d) El quebrantamiento grave, por acción u omisión, de los deberes de fidelidad y lealtad en el ejercicio de la profesión con los clientes.
e) La reincidencia en la comisión de faltas graves. A tal efecto se entenderá por reincidencia la comisión de más de dos faltas graves en el período de un año.

Artículo 32. Sanciones.

La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior podrá determinar la imposición de las siguientes sanciones:

1. Para las infracciones leves:

a) Apercibimiento por escrito.
b) Amonestación privada.
c) Multa hasta una anualidad de la cuota de colegiado.

2. Para las infracciones graves:

a) Amonestación pública.
b) Multa de entre 2 y 10 anualidades de la cuota de colegiado.
c) Suspensión provisional del ejercicio de la profesión de hasta tres meses.

3. Para las infracciones muy graves.

a) Suspensión provisional del ejercicio de la profesión por plazo superior a tres meses e inferior a dos años.
b) Inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión.

La imposición de las sanciones correspondientes a las faltas muy graves y graves a un colegiado que fuera miembro de la Junta de Gobierno conllevará automáticamente el cese en el cargo.

Las sanciones de inhabilitación permanente y de suspensión del ejercicio profesional implican la accesoria de suspensión de derechos electorales por el tiempo de duración y la retirada del carnet profesional.

Artículo 33. Competencia.

1. La Junta de Gobierno, en cada Colegio Territorial, ejercerá la función disciplinaria, imponiendo, en su caso, las sanciones que correspondan, previa la apertura y tramitación del expediente disciplinario regulado en la sección tercera de este capítulo, que no será exigible para la imposición de sanciones por falta leve, salvo la audiencia del interesado.

Corresponde al Consejo General la imposición de sanciones por la actuación profesional o colegial de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios Territoriales, salvo que estuviese constituido el Consejo Autonómico de Administradores de Fincas correspondientes al ámbito territorial de aquél.

2. Serán competentes para ordenar la incoación de las diligencias previas el Presidente de la Junta del Gobierno o el Presidente de la Comisión Disciplinaria del Colegio.

3. Será competente para la instrucción del procedimiento la persona que designe, en el acuerdo de incoación, el Presidente de la Junta de Gobierno o el Presidente de la Comisión Disciplinaria del Colegio.

Artículo 34. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de tres años para las muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves. Los plazos de prescripción comenzarán a contarse desde la fecha de la comisión de las faltas, quedando interrumpidos desde que se inicie el procedimiento disciplinario.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, salvo la inhabilitación permanente, que prescribirá a los cinco años, las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por falta leve, al año.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza administrativa la resolución por la que se impone la sanción.

Capítulo III


Procedimiento sancionador


Artículo 35. Inicio.

1. El procedimiento se iniciará por reclamación o denuncia razonada por escrito, o por propia iniciativa de los órganos del Colegio.

2. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el contenido mínimo siguiente:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación, y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulta de la instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo, para asegurar la eficacia de la resolución y el buen fin de dicho procedimiento.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y del plazo de quince días para su ejercicio.

Artículo 36. Actuaciones previas.

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

Artículo 37. Medidas de carácter provisional.

1. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

2. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución final del procedimiento disciplinario.

Artículo 38. Apertura período de prueba.

1. Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo de audiencia, el órgano instructor podrá acordar la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días, ni inferior a diez.

2. La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime pertinentes, entendiéndose por tales aquéllas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se realizará mediante comunicación a los interesados, con antelación suficiente para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas, consignando en la notificación el lugar, fecha y hora en que se practicaran aquéllas, con la advertencia, en su caso, de que el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan.

Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrán entender que tiene carácter determinante para la resolución del procedimiento, en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos, hasta la emisión de dicho informe.